POR UNA DEMOCRACIA PLENA

Desde hace algunos años sindicatos, asociaciones de inmigrantes y algunos partidos políticos han reivindicado el derecho al voto para los extranjeros residentes en España. Esta reivindicación se vuelve cada vez más actual, teniendo en cuenta que una parte importante de los extranjeros en España ya tienen el derecho al voto municipal, como ciudadanos de la UE o a través de acuerdos de reciprocidad que el estado español ha firmado con algunos estados europeos y latinoamericanos, por lo que parece cada vez menos justificable negar este derecho a los demás.

El derecho a tener derechos

Aunque las personas inmigradas con una residencia legal y permanente tienen derechos civiles y sociales en igualdad que los ciudadanos españoles, éstas aún no gozan de los mismos derechos políticos.

Tras la presión de los sindicatos y de la sociedad civil en general, el Estado español ha reconocido en la actual Ley de Extranjería que las personas inmigradas, independientemente de su situación administrativa, tienen derechos políticos como el derecho a reunión, manifestación y huelga, a afiliarse a y a formar asociaciones y sindicatos. Sin embargo, no esta reconocido todavía el derecho a la participación política en sí, simbolizada y concretizada en el derecho al sufragio activo y pasivo. Sólo el derecho a la participación política puede garantizar los demás derechos porque sin ellos, no hay manera segura de defenderles de las injusticias.

Hannah Arendt observó a partir de la experiencia europea entre la primera y la segunda guerra mundial, que los refugiados perdieron toda protección de sus derechos humanos al momento que perdieron o quedaron excluidos de la ciudadanía. La ciudadanía, que implica tanto el reconocimiento como miembros plenos de una sociedad como la participación en ella, estaba estrechamente vinculada a la pertenencia a un estado-nación. A pesar de la idea de derechos humanos universales, una vez perdida la ciudadanía y por lo tanto la protección de un estado, no había nadie que defendiera los derechos de los refugiados. Eso llevó Arendt al concepto del derecho a tener derechos, lo que equivale a la pertenencia reconocida en una sociedad en la que cada uno es juzgado sobre la base de sus acciones y opiniones, y no sobre la base de su nacionalidad o ascendencia.

El derecho a tener derechos se expresa de la manera más clara en el derecho al voto. El voto es la expresión más accesible y al mismo tiempo más cargada simbólicamente de la participación política en las democracias liberales.

El derecho a voto como mecanismo de integración

El derecho al voto es un derecho fundamental, que también simboliza el reconocimiento como miembro de una sociedad y una comunidad política, en otras palabras, la ciudadanía. La negación de este derecho a los inmigrantes, supone una clara diferencia entre “ciudadanos de primera y de segunda clase” que conviven en una misma sociedad. Hecho que afecta de forma negativa a su integración sociocultural.

El derecho al voto significaría que los inmigrantes sean reconocidos como plenos miembros de esta sociedad. Si no están reconocidos como tales, no tiene mucho sentido exigir que se integren. Según el Pla de ciutadania i immigració 2009–2012 de la Generalitat de Catalunya, la integración es un proceso bidireccional. Eso quiere decir que, además de un esfuerzo de los inmigrantes, la integración también requiere la colaboración de las sociedades de acogida y garantías y derechos por parte del estado. Requiere de un compromiso de las instituciones políticas y sociales para la promoción del derecho en igualdad de condiciones.

La democracia en condiciones de la globalización

Hoy, en un mundo caracterizado por las migraciones y por la globalización ya no tiene mucho sentido vincular la participación política a un concepto exclusivo de nacionalidad, sino a la participación real en una sociedad.

La globalización económica y política exige un cambio del papel de los estados. Cada vez más se toman decisiones políticas en entidades inter- o supranacionales como la Unión Europea. También vemos como muchas personas que han emigrado participan en más de una sociedad, poniendo en práctica un nuevo modelo de ciudadanía no exclusiva. Por lo tanto, el concepto tradicional de un estado con un territorio, un pueblo y un gobierno exclusivo ya no refleja toda la realidad. Este concepto también se esta poniendo en cuestión por el creciente poder de actores privados y de la sociedad civil. Para mantener o recuperar su legitimidad bajo estas condiciones, los estados tendrán que fortalecer la democracia y la participación ciudadana. El estado español está avanzando en abordar estas realidades concediendo el derecho al voto a los ciudadanos de la UE. También a través de los acuerdos de reciprocidad con países Latinoamericanos, pero pese a esto, en España como en muchos estados europeos se continúa negando el derecho al voto a un porcentaje importante (hasta a un 10% o más) de la población, lo que pone en cuestión la legitimidad de estados supuestamente democráticos.

A igualdad de obligaciones, igualdad de derechos

Desde el punto de vista de la democracia, es una injusticia y una anormalidad que millones de personas que participan en una sociedad, que son afectadas por decisiones políticas no puedan tomar parte de ellas.

Las personas extranjeras residentes en España se ven tan afectadas por las decisiones políticas como los ciudadanos españoles o incluso más, no olvidemos que su situación administrativa en el país les puede colocar en desventaja. Tienen las mismas obligaciones que los españoles. Viven y trabajan en este país, pagan sus impuestos, cotizan a la seguridad social ofreciendo así un aporte importante al Estado de Bienestar. Los inmigrantes ya están participando en esta sociedad – la reivindicación del derecho al voto por parte de inmigrantes lo comprueba – y es simplemente justo que obtengan el derecho de hacerlo de manera plena y garantizada. Especialmente al nivel municipal no tiene ningún sentido distinguir entre extranjeros y españoles. Ya conviven y colaboran en asociaciones cívicas, asociaciones de barrios, de padres de alumnos, sindicatos y comités de empresa. Participando y colaborando, inmigrantes y autóctonos se van conociendo mejor, lo que ayuda a superar prejuicios. Participando políticamente, los inmigrantes conocerán y valorarán mejor la democracia del país de acogida, mientras que contribuyen a renovarla y fortalecerla.

En conclusión, se puede decir que con la participación política de los inmigrantes y el derecho al voto, nadie va a perder nada. Todos van a ganar cuando inmigrantes y autóctonos contribuyan juntos a la construcción de una democracia verdadera en la que se conozcan y valoren todas las opiniones y experiencias.

Artículo de Constanze Schwärzer, politóloga, especialista en migración y género (Respect y sindicato Ver.di de Berlín). Colaboradora de AMIC.

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